Cómo proteger la calidad de los servicios públicos esenciales durante la crisis

6 Mayo, 2020 por Mariano Lafuente |  5 Comentarios

Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional indicaba que la pandemia del Coronavirus es la peor crisis global desde la Gran Depresión, dejando atrás, por un amplio margen, a la crisis financiera global de 2009. Sólo en Estados Unidos de América, 26 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo entre mediados de marzo y finales de abril –con la expectativa de que el número crezca aún más. En otros países, los ingresos de trabajadores formales en el sector privado que no fueron despedidos se han reducido significativamente.

Los gobiernos están enfrentando el enorme desafío de apoyar en un momento crítico a las poblaciones más vulnerables y a proteger lo máximo posible a trabajadores y empresas en un contexto donde los ingresos tributarios se han desplomado (dada la reducción de la actividad económica) y donde acceder a financiamiento a través de los mercados financieros se ha encarecido significativamente. Igualmente, hay una necesidad de transmitir a los ciudadanos un mensaje de austeridad en un momento crítico en el que empresas y trabajadores de todos los sectores están aplicando estrictas medidas de control presupuestario.

En este contexto de mayores necesidades y menores recursos, varios países de América Latina se han planteado la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal para financiar transferencias a poblaciones vulnerables y desempleados durante esta fase inicial de la crisis (Brasil y Honduras, por ejemplo), y otros se encuentran ya implementando estas medidas (Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, y a nivel subnacional en el Estado de Sao Paulo en Brasil, entre otros). Medidas similares han sido aplicadas en Nueva Zelanda y en la Unión Europea.

Reducir salarios públicos: Impacto económico vs señal simbólica

Desde un punto de vista de orden de magnitud de recursos, los salarios del sector público representan el 29% del gasto público en América Latina y más del 8% del PIB (hay países donde llegan a un monto mucho mayor). Un argumento en contra de reducir salarios públicos es que tendría un carácter simbólico porque sería una gota en el océano de las necesidades actuales. ¿Es así?

Se requeriría un análisis detallado por país y de acuerdo al diseño de cada medida para responder con mayor certeza. Para aterrizar estas cifras presupuestarias a la realidad de las personas, en Colombia el impuesto solidario a ser pagado por 21.000 servidores públicos podría financiar como mínimo el ingreso solidario de 131.250 hogares en situación de pobreza o alrededor de medio millón de personas.

Proteger la calidad de los servicios públicos esenciales

El enorme sacrificio del personal de salud pública durante esta crisis del COVID-19 ha permitido que los ciudadanos adquieran -o recuperen- conciencia sobre el rol vital que tienen los empleados públicos. La reducción de los salarios de los empleados, tanto en el sector público como el privado, es siempre una decisión muy delicada.

Por un lado, están los interrogantes en torno a los posibles efectos económicos y legales de la medida. El Estado emplea al 12% de la fuerza laboral en promedio en América Latina y el gasto de planilla inyecta mucho efectivo en las economías locales. Además, hay voces críticas que alegan que durante una emergencia nacional los servidores públicos en muchos casos prestan servicios esenciales. Una bajada en sus salarios podría debilitar el Estado en un momento donde precisamente se necesita un Estado más fuerte.

Por ello, más allá del debate sobre su último valor económico, la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal levanta dos cuestiones. ¿Cómo asegurar en el corto plazo que los ajustes no impacten en la calidad de los servicios públicos más urgentes? Y más allá de la emergencia… ¿Cómo mejorar la composición del talento humano en el sector público para que ello contribuya a llevar mejores servicios a los ciudadanos?

Blindaje a la primera línea de respuesta de emergencia

A fin de proteger la calidad de los servicios públicos esenciales, es vital que las medidas de contribuciones obligatorias de los servidores públicos a fondos de crisis incluyan prerrogativas para limitar su impacto negativo en la prestación de servicios. Por ejemplo:

• Protección especial para servidores públicos en los servicios más esenciales. Es decir, es importante que las medidas no apliquen a aquellos empleados directamente involucrados en la gestión de la emergencia. En el caso actual de la pandemia del COVID-19, esto atañería a servicios de salud y seguridad principalmente. De hecho, en algunos países este personal de primera línea ha visto sus salarios incrementados para compensar el nuevo perfil de riesgo de sus actividades.
• Carácter temporal. Por temas económicos y legales, muchos países sólo contemplan ajustes salariales a empleados públicos con carácter excepcional y temporal. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia algunos gobiernos han aprobado ajustes por dos o tres meses, con posibilidad de una única extensión por dos meses adicionales. En otras palabras, cubren principalmente el período que se espera que dure la cuarentena.
• Garantías de uso de recursos para enfrentar la emergencia. Las normativas establecen que los ajustes salariales se conviertan en contribuciones a un fondo que sólo puede ser utilizado para fines específicos de la emergencia. En el contexto de la actual pandemia algunos países han establecido mecanismos institucionales para asegurar que las ganancias del ajuste se capitalizan al máximo para luchar contra los efectos de la crisis. En especial, hay un énfasis en usar los recursos para cubrir los fondos de seguro de desempleo y para transferencias a poblaciones vulnerables.

Una oportunidad para repensar el servicio civil

Para proteger la calidad de los servicios esenciales en el contexto que vivimos, es fundamental reforzar cómo se gestionan los recursos humanos en el Estado. A corto plazo, es urgente implementar más mecanismos de reconocimiento a los servidores públicos para fortalecer la motivación del personal en tiempos difíciles.

Además, se debe asegurar la mayor flexibilidad posible a la fuerza laboral pública. Entre otras cosas, eso implica facilitar el teletrabajo y asegurar las condiciones sanitarias necesarias (por ejemplo, espacio físico adecuado mediante la creación de turnos, medidas de higiene, equipos de protección personal para quienes están más expuestos, etc.).

Las crisis son oportunidades. Con una visión de mediano plazo, se puede aprovechar esta crisis para adaptar el marco normativo del servicio civil a las necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, desde ahora ajustando la planificación de la fuerza laboral a las necesidades de un Estado moderno y considerando la capacidad fiscal de nuestros países.